«El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que exige ulterior control judicial aun bajo el estado de alarma.
Durante el discurso pronunciado con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que el rey ha presidido hoy en el Tribunal Supremo, Lesmes también ha considerado precisa “una mejor delimitación” de la necesaria ratificación judicial de esas medidas cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria.
“Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos”, ha añadido el presidente del Poder Judicial, que ha recordado que “las competencias extraordinarias asumidas durante la vigencia de los estados excepcionales por los poderes públicos, con ser extraordinarias, en modo alguno escapan al control inherente a todo Estado de Derecho”.
El presidente del TS y del CGPJ ha iniciado su intervención transmitiendo su pesar a los familiares de los fallecidos a causa del COVID-19 y destacando los “esfuerzos realmente heroicos” del personal sanitario y la entrega del resto de los trabajadores públicos, incluidos los de la Administración de Justicia, ante una pandemia que “ha mostrado la fragilidad de nuestra condición como seres humanos y también la de nuestras sociedades”, al comprometer la vida y la salud de gran parte de la población, provocar una crisis social y económica de extraordinarias dimensiones y tensionar los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Desafío y oportunidad
La pandemia, ha añadido el presidente del Poder Judicial, ha supuesto un “desafío inmenso” para los órganos judiciales -que han tenido que atender los nuevos asuntos derivados de la emergencia sanitaria manteniendo a la vez la tramitación y resolución de los procedimientos que la ley establece como urgentes- y “ha mostrado con crudeza las debilidades de nuestro sistema judicial y procesal”, pero también es “una oportunidad para avanzar”.
“Es indispensable que la Administración de Justicia se convierta en una Administración lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente pese a dificultades como las que ahora vivimos”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que “quizás sea hora ya, definitivamente, y con el objetivo de contribuir también desde la justicia a la recuperación del grave golpe social, económico y moral sufrido, de alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, en la que la tecnología y la digitalización no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino que las vertebren en su integridad”.
El presidente del TS y del CGPJ ha recordado, en este sentido, que en 2019 se produjo por tercer año consecutivo un incremento de la tasa de litigiosidad, que creció en un 4,1 %, y que pese al sobreesfuerzo de los integrantes de la Carrera Judicial -la media de sentencias dictadas por jueces y magistrados se incrementó en un 4,5 %- “no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto, previsiblemente grave, de la dura situación vivida, que ha tenido paralizada durante meses la actividad judicial ordinaria”.
Por ello ha advertido de que será necesaria la adopción de medidas no solo coyunturales y urgentes, sino también la aprobación de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan dar respuesta rápida y con garantías a los ciudadanos y empresas, propiciando una mayor flexibilidad en las actuaciones, buscando una tramitación más expeditiva e incrementando el uso de medios tecnológicos.
Esas medidas, además, deberán ir acompañadas, para no perder eficacia, de una reforma de los recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo que ofrezca “cauces de unificación de criterios interpretativos que soslayen respuestas judiciales encontradas que, por otro lado, generan desconcierto en los ciudadanos y propician el aumento de la litigiosidad”. Así, ha considerado urgente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que simplifique la configuración del recurso de casación, centrándolo en el interés casacional de la interpretación de las normas, en la línea de la modificación ya operada en la casación contencioso-administrativa.
Por último, el presidente del Poder Judicial ha recordado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia española, continuamente postergada y sin la cual no podremos superar las ineficiencias que siguen lastrando la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio público que cumpla con los parámetros de calidad y eficacia propios del siglo XXI”.
Sólida respuesta del Poder Judicial
Carlos Lesmes ha concluido su intervención señalando que la experiencia vivida ha puesto de manifiesto que, “de nuevo y a pesar de las circunstancias, ha sido sólida la respuesta dada por el Poder Judicial de España”.
“Las dificultades han sido muchas, las carencias enormes y los nuevos retos monumentales, pero la profesionalidad y compromiso de nuestros jueces y magistrados sigue siendo una garantía para hacerles frente. Su actuación nos demuestra que no hay, ni habrá, situación de excepcionalidad que quede al margen de la legalidad”, ha dicho.
Exhortación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial también se ha referido durante su discurso a la situación del órgano de gobierno de jueces y magistrados, recordando que sigue sin producirse su renovación “pese a que la venimos reclamando insistentemente” y que ello “representa una seria anomalía”.
“Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”, ha agregado.
Lesmes ha advertido, no obstante, de que “conviene recordar también que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”.»
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